Hay que demandar a San Juan, San Luis, Mendoza y la Nacion

El diputado provincial Martín Berhongaray (Frepam, radicalismo) dijo que Nación y San Juan violaron la legislación al haber construido un dique, Punta Negra, sobre un río interprovincial sin la expresa autorización de las provincias condóminas, entre ellas La Pampa. Pidió que el Estado pampeano inicie un juicio.
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"Ni el Estado Nacional ni la provincia de San Juan pueden disponer la construcción de un dique sobre un río interprovincial, sin la expresa autorización del resto de la provincias condóminas, entre ellas La Pampa", expresó el legislador, al ser consultado por Diario Textual.

Ayer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró la represa hidroeléctrica Punta Negra, en San Juan, que con seguridad disminuirá aún más el caudal del río Salado que ingresa en el oeste pampeano. Ya cerraron las compuertas para llenar la presa.

Berhongaray dijo que la necesaria participación de todas las provincias copropietarias del río en las decisiones que puedan afectar su escurrimiento surge del artículo 41 de la Constitución Nacional reformada en 1994 y de un conjunto de leyes nacionales de presupuestos mínimos, ente ellas la 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, que vienen siendo sistemáticamente violadas tanto por el Estado Nacional como por varias de las provincias ubicadas aguas arriba.

"Una vez más queda en claro que en Argentina no se respeta el principio de 'unidad de cuenca' que obliga a considerar a una cuenca hídrica en su integralidad, lo cual supone reconocer como premisa básica la coordinación institucional y la participación activa en las decisiones de manejo por parte de todas las jurisdicciones que resulten co-titulares del recurso", explicó.

Este principio directriz nunca fue respetado por las autoridades mendocinas quienes desde hace más de medio siglo disponen, en forma inconsulta, un aprovechamiento unilateral de un cauce (río Atuel) que por sus condiciones de interprovincialidad debiera suponer una administración compartida con la debida injerencia de la provincia de La Pampa en las decisiones que lo afecten, recordó el dirigente radical.

"Hace ya un tiempo nos hemos convencido de que la provincia de San Juan tampoco respeta este principio esencial, situación que exige una rápida y firme reacción de parte de nuestras autoridades para detener estos atropellos", manifestó.

Berhongaray también es dirigente de la Fundación Chadileuvú. Hace unos meses esta ONG anunció que viene trabajando en la elaboración de una demanda para presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra el Estado Nacional y las provincias de La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza. "Sería esperable que los esfuerzos siempre pioneros de esta prestigiosa entidad pampeana reciban el debido apoyo y acompañamiento de parte de nuestras autoridades", dijo.

"A esta altura de los acontecimientos estoy convencido de que sólo a través de un fundado reclamo judicial, podremos evitar que otras provincias sigan cometiendo los excesos que ponen al borde de la desaparición a otro de nuestros importantes ríos", finalizó.

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