Proyectan obligar por ley a devolver lo que roban al Estado



El diputado provincial Martín Berhongaray presentó un proyecto de ley que dispone que, dictada una sentencia condenatoria firme por un caso de corrupción, el Fiscal de Estado deba en un plazo perentorio promover un juicio de responsabilidad civil para recuperar los activos que hayan resultado afectados por el obrar ilícito. La iniciativa apunta a los delitos cometidos en perjuicio de la Administración Pública, pero también de entidades de bien público, cooperativas, partidos políticos, sindicatos, ONG's, cooperadoras y clubes.
En los fundamentos, el diputado radical explicó que, en los últimos tiempos, el recupero de activos tomó una especial relevancia a nivel mundial y constituye uno de los ejes centrales en la lucha contra la corrupción.

Rol relevante.
"La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscripta en México en diciembre de 2003 y ratificada por el Estado Argentino mediante Ley 26097, reafirmó el rol relevante que tal restitución reviste en la erradicación de la impunidad", explicó el legislador. 
En ese sentido, su propuesta insta enérgicamente el recupero del dinero o los activos, cualquiera sean, que hayan sido sustraídos por el accionar ilegal del funcionario o dirigente para que puedan ser reasignados a los fines públicos a los que originalmente estaban destinados.
"Igual temperamento deberá adoptarse cuando el delito cometido perjudique a entidades de bien público, cooperativas, partidos políticos, sindicatos, ONG's, cooperadoras y clubes. 
Va de suyo que el éxito de la misión puesta en cabeza del Fiscal de Estado, demandará un cambio de enfoque en la tradición legal y judicial de nuestra Provincia, toda vez que importará una modernización del derecho penal que deberá ser complementado con conductas decididas tendientes a lograr la inmovilización de los activos pertenecientes a los sujetos envueltos en causas judiciales", sostuvo.

Nuevas prácticas.
Las prácticas que deberían cambiar en las investigaciones penales para facilitar la tarea del Fiscal de Estado son las siguientes: debe resultar una práctica común y frecuente el decomiso de los bienes o la traba de embargos preventivos sobre los fondos sospechados de provenir de ilícitos, una vez acreditados mínimamente los requisitos de procedencia de la medida cautelar; y que en forma simultánea a las medidas destinadas al esclarecimiento de los hechos ilícitos, se disponga la investigación patrimonial de cada una de las personas investigadas.
Para Berhongaray "no puede reputarse de justa" la resolución de un caso de corrupción que no avance sobre el recupero de los activos ilícitamente obtenidos, más allá de consignar la imposición de penas privativas de la libertad a los responsables. "No basta con sancionar penalmente al corrupto y restringir su libertad personal, sino que la justicia de la solución importa que se lo obligue a devolver los bienes o el dinero que constituyen la ganancia económica del delito, afectando así su propio patrimonio", dijo.

Antecedente.
Berhongaray fue autor en octubre de 2011 de un pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial con el que pretendía conocer si se habían iniciado acciones tendientes al recupero contra los ex agentes públicos condenados por casos de corrupción, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito u otros delitos. Aquella iniciativa nunca logró tratamiento parlamentario.
El radical apuntaba con su pedido a los casos de las sentencias condenatorias contra los ex directivos del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), Hugo Agüero y Luis Araniz, acusados de los delitos de peculado (sustracción de caudales públicos) y cohecho (pago de coimas), por un desvío total de 960.456,21 pesos; contra Sergio David penado a tres años de prisión efectiva por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito; y en la condena impuesta a Pascual Silvio Amoresano.

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