Analizar la responsabilidad de funcionarios mendocinos


Santa Rosa, La Pampa • DIARIO LA ARENA 
• BERHONGARAY Y LA DEMANDA POR EL CORTE DEL ATUEL 
Berhongaray habló de posibles penas a funcionarios mendocinos. 
El diputado opositor cree que la Corte no se demorará tanto para resolver la demanda que La Pampa iniciará por el corte del Atuel. Considera que la CSJ podría llamar a otra audiencia de conciliación. REDACCION 
• "Muchas leyes de presupuestos mínimos ambientales no se cumplen en nuestro país porque no han sido reglamentadas por el Estado nacional", dijo el diputado provincial Martín Berhongaray (Frepam). El legislador sostuvo que hay "una gran anarquía", y es en ese marco donde Mendoza no ha escuchado los reclamos pampeanos por el río Atuel. 
-Teniendo en cuenta de que el anterior juicio promovido por La Pampa obtuvo sentencia recién en 1987, es decir, 8 años después de iniciado, ¿considera que la Suprema Corte puede volver a postergar durante tantos arios la definición? 
-No lo creo. Últimamente la Corte le viene imprimiendo a los reclamos ambientales mayor velocidad que a otro tipo de trámites. Los resuelve más rápido. De todos modos, es pro-bable que en este caso la Corte convoque inmediatamente a las provincias y al Estado Nacional a una audiencia de conciliación para ver si hay ánimo de conciliar, es decir, si está la posibilidad de que se pongan de acuerdo. 
-Por qué considera que se llega a este punto? 
-Por varios motivos. La histórica intransigencia de Mendoza a compartir las aguas del Atuel, la pasividad de nuestra autoridades que nunca se plantaron con firmeza frente a estos abusos, y la falta de presencia de los sucesivos gobiernos nacionales que nunca nos protegieron a pesar de que la propia Constitución y varias leyes le dan suficientes herramientas para evitar estos atropellos. 
-¿Si están las leyes, por qué no se cumplen? 
-En principio muchas de las leyes de presupuestos mínimos ambientales no se aplican por-que no fueron reglamentadas por el Estado Nacional. Eso pasa con la ley 25.688 de régimen de gestión de aguas que no se reglamenta porque provincias como Mendoza la resisten, o la ley 25612 sobre residuos industriales porque hay sectores industriales que no la quieren. Las provincias ni siquiera respetan la Ley General del Ambiente (25.675) que las obliga a ajustar todas sus normas provinciales a los parámetros de la ley nacional. 
-Digamos que se produce tina situación anárquica. 
-Hay una tremenda anarquía donde cada una haca :o que quiere. Fíjese que tampoco se respeta en Argentina el derecho internacional público que es clave para el desarrollo ambien-tal. Por ejemplo, es gravíámo que no se cumpla con la Convención de Naciones Unidades para la lucha contra la desertificación y la sequía de 1994, porque al haber sido ratificada por el Congreso es ley en nuestro país. Y así pasa con muchísimas leyes. Ahora que haya tantas leyes que no se cumplen también es resultado de que muchas veces se legisla sin entender cómo fun-ciona la conducta humana, y se terminan haciendo normas que no se ajustan a esa conducta. 
-¿Qué debe reclamar el gobierno de La Pampa ante la SCJN? 
-El pedido debe ser bien completo e incluir la cesación del daño ambiental, la recomposición del ambiente dañado y los daños y perjuicios ocasionados, y hay que involucrar no sólo a Mendoza sino también al Estado Nacional. -Y los funcionarios mendocinos que vienen tomando desde hace mis de medio siglo la decisión de cortar el río, no debe ser también responsabilizados? -Creo que cabría analizar la posibilidad de recurrir al derecho penal por tratarse de un ca-so donde se detecta una grave afectación a bienes jurídicos re-levantes como es la salud de la población y el ambiente. Este es un tema relativamente nuevo que cada vez gana más terreno dentro de la legislación y que prevé la posibilidad de sancio-nar penalmente no sólo a las personas físicas sino a las jurídicas. 

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