Conflicto del río Atuel: ya hay un proyecto para que se demande a Mendoza y a Nación



El diputado Martín Berhongaray señala las responsabilidades de la administración central y propone crear una comisión que aporte antecedentes. Estaría integrada por cinco diputados cuya designación se practicará por Presidencia respetando la representación de los distintos bloques parlamentarios.
El diputado por el Frente Pampeano, Martín Berhongaray, formalizó la presentación de un proyecto en el que se establece que la Fiscalía de Estado deberá promover las acciones judiciales que defina la Cámara de Diputados de la Provincia, y puntualmente una demanda por el caso del río Atuel, tanto contra Mendoza como contra la Nación.
La iniciativa es una de las ideas que se tramaron como estrategia para, llegado el caso, obligar al Estado provincial a que inicie una demanda contra Mendoza en el marco del conflicto por el Río Atuel.
Esa posibilidad, agitada durante las últimas semanas -sobre todo por el vernismo- impulsó al gobernador Oscar Mario Jorge a anunciar que acudiría al ámbito judicial para defender los derechos de la provincia.
Por las dudas, Berhongaray presentó el proyecto, que técnicamente significa incorporar un segundo párrafo al artículo 2 de la Norma Jurídica de Facto 888 (Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado y Procuración de Rentas).
El agregado sería el siguiente: “Asimismo promoverá las acciones judiciales que decida la Cámara de Diputados de la Provincia sobre la base de los antecedentes aportados por la Comisión que, por ley especial, se constituya para cada caso. En cualquier estado del proceso iniciado a pedido de la Cámara de Diputados, el Fiscal de Estado podrá solicitar al requirente la documentación, datos e informes que estime pertinentes”.
Otro artículo que propone agregar es el siguiente: “El Fiscal de Estado demandará en el plazo máximo de ciento veinte (120) días a la Provincia de Mendoza y al Estado Nacional por los perjuicios sociales, económicos, productivos y ambientales derivados del aprovechamiento unilateral e inconsulto del río Atuel, sobre la base de los antecedentes que aportará una Comisión integrada por cinco diputados cuya designación se practicará por Presidencia respetando la representación de los distintos bloques parlamentarios”.
En los fundamentos, el legislador radical recuerda que la Fiscalía “ejerce en forma exclusiva y excluyente la representación judicial de la Provincia y sus entidades, actuando a esos fines como parte necesaria y legítima en todo proceso, cualquiera sea su fuero y o jurisdicción, en el que se afecten directa o indirectamente intereses patrimoniales del Estado”.
“Entendemos indispensable incorporar a la Cámara de Diputados de la Provincia dentro de los sujetos legalmente facultados para impartir instrucciones al Fiscal de Estado, en el convencimiento que ello mejorará la protección de los intereses patrimoniales de la Provincia”, señala el diputado.
A ese fin se dispone la conformación -para cada caso- de una Comisión encargada de suministrar los datos, informes y demás antecedentes necesarios para el cumplimiento del mandato conferido, sin perjuicio de la actividad adicional que deba realizar el Fiscal de Estado para dar adecuada respuesta a la misión encomendada.
“La presente iniciativa respeta la unidad de criterio deseable en lo que respecta a la representación en juicio del Estado Provincial”, aclara Berhongaray.
Después se refiere puntualmente al caso del Atuel y a los perjuicios “derivados del ilegal comportamiento sostenido durante más de medio siglo que, significó el aprovechamiento unilateral, inconsulto y arbitrario de un recurso hídrico que por sus características debió resultar compartido por las dos jurisdicciones”.
“Necesariamente corresponde que participe en la definición de la base del juicio una Comisión integrada por representantes de los distintos bloques parlamentarios, de modo de permitir un análisis y discusión amplia de los extremos a reclamar, de los antecedentes a utilizar y de los destinatarios del planteo judicial”, asevera el diputado.
Asevera que “no caben dudas de que la demanda debe dirigirse contra la Provincia de Mendoza, pero también contra el Estado Nacional, gran responsable en esta cuestión”.
Interpreta que “son variados los reproches que deben efectuarse a la Administración Central actual y también, por supuesto, a las anteriores. Pero sin dudas han sido los gobiernos nacionales que sucedieron a la reforma constitucional de 1994, y especialmente aquellos que gobernaron después de 2002 -año en que resultaron sancionadas muchas de las leyes de presupuestos mínimos- los que tuvieron mayores herramientas institucionales y ‘obligaciones constitucionales’ para tomar cartas en el asunto, y detener el aprovechamiento caprichoso del río Atuel por parte de la provincia de Mendoza”.
Después indica que “no existe ninguna norma de derecho interno en la legislación argentina que establezca que para que un Convenio entre dos o más provincias entre en vigencia, resulte necesaria su ratificación legislativa. Los hechos fundantes de la responsabilidad de Mendoza cabe sintetizarlos en el aprovechamiento discrecional del recurso hídrico, la negativa a regular los usos compartidos y la demostrada ineficiencia con que riegan”.
“La arbitrariedad de la explotación es a todas luces evidente. Dejan escurrir el río y lo interrumpen en función de sus necesidades productivas”, advierte.


Comentarios