Prohibición de candidaturas a funcionarios de la dictadura: "Es lógico y conveniente"

BERHONGARAY
La propuesta que el gobierno provincial interpreta como una "chicana" poco seria con el gobernador Oscar Mario Jorge como blanco, para el diputado del Frepam, Martín Berhongaray "cierra un circuito".
El diputado provincial del Frepam, Martín Berhongaray, consideró “lógica” y “conveniente” la prohibición para ser candidatos por los partidos políticos a personas que hayan sido funcionarios durante la dictadura militar o hayan participado de golpes o intentos de golpe de estado. “Cierra un circuito”, fundamentó el legislador.
Después de que trascendiera la propuesta del justicialisa Daniel Lovera, con el apoyo de todo su bloque, y que desde el gobierno provincial interpretaran la iniciativa como una chicana de parte del vernismo contra el gobernador Oscar Mario Jorge -ocupó un puesto en el Banco de La Pampa luego del 24 de marzo de 1976-, ahora el frepamista salió públicamente a difundir otro proyecto del mismo tenor. En su caso, Berhongaray inluye a los funcionarios judiciales que juraron por las actas del proceso.
Los diputados vernistas habían reaccionado ante las críticas del gobierno provincial y aseguraron que “no tiene nombre ni apellido” el proyecto de ley. Hasta el camporista Luciano Di Nápoli la defendió. En cambio, fue calificada como “poco seria” por parte del ministro de Bienestar Social, Raúl Ortíz. La vicegobernadora Norma Durango, por su parte, consideró que es “anacrónica” porque debió impulsarse inmediatamente después del recuperación de la democracia, aunque concedió que “nunca es tarde”.
Ahora Berhongary insistió con una propuesta similar. Este sábado difundió un proyecto por el cual se incorpora como párrafos segundo y tercero al artículo 3º de la Norma Jurídica de Facto Nº 1176 "Orgánica de lo partidos políticos” los siguientes agregados: “Los partidos políticos no podrán nominar candidatos para ocupar cargos públicos electivos a las personas que hubieren perpetrado, en cualquier tiempo y época, actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático y a quienes, como consecuencia de esos actos, hubieren usurpado funciones previstas constitucionalmente para las autoridades nacionales, provinciales o municipales. Tampoco podrán ser nominadas aquellas personas que, dentro de los Poderes Ejecutivo y Judicial, juraron por las Actas del Proceso Militar, considerándola la Ley Primera de la Nación”.
En los fundamentos de la propuesta, Berhongaray planteó que “en la República Argentina se sucedieron seis golpes de estado que afectaron -destituyéndolas- a las autoridades federales y locales, y varios intentos de quebrantar el orden constitucional”.
“Algunos de aquellos levantamientos militares cambiaron la integración de la Corte Suprema de Justicia en su totalidad, procediéndose al dictado de Estatutos establecidos formalmente por sobre la Constitución Nacional. Durante esos períodos de facto se modificó, de hecho y con ilegitimidad de origen la Ley Suprema y se alteró la supremacía y jerarquía constitucional establecida en el artículo 31º”, apuntó.
“El proceso precipitó la escalada de violencia de los años setenta, quebrando todo principio de legitimidad política. El artículo 36º de la Constitución Nacional, incorporado por la reforma de 1994, sintetizó el intento de contener mediante normas jurídicas los hechos de fuerza directa o indirecta contra el orden institucional, así como la dinámica de la violencia política. Dispuso quitar toda eficacia jurídica a los actos de fuerza contra el sistema democrático, en sintonía con el espíritu del proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi según el cual "toda autoridad usurpada es ineficaz; sus actos son nulos"”, indicó.
“Las disposiciones que emanan del referida cláusula constitucional vinieron a recoger los objetivos que a su turno motivaron la sanción de la ley 23.077 de "Protección del Orden Constitucional y la Vida Democrática" (B.O. 27/8/84) que castigó severamente el alzamiento contra la Constitución al tiempo que penalizó al que amenaza pública e idóneamente con la comisión del alguna de esas conductas (Conf. arts. 226 y 226 bis del Código Penal)”, añadió.
En es sentido, Berhongaray opinó que es “necesario tornar aplicables las previsiones contenidas en el artículo 36º de la Constitución Nacional, impidiendo a través de una ley especial el acceso a cargos públicos electivos de quienes hayan realizado actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, así como de aquellos que a partir de esos actos hubiesen usurpado funciones legalmente reservadas a las autoridades federales o locales”.
“La inclusión es lógica en tanto cierra un circuito de completividad, y conveniente porque no deja hipótesis de violencia política sin previsiones”, subrayó.
“Cabe tener presente que en nuestro pasado se verificaron conductas violentas e ilegales que alcanzaron a quebrantar el orden constitucional y conquistar el poder, y comportamientos también condenables que no lograron tales cometidos, pero no por ello perdieron el carácter de atentados contra el sistema institucional. Todos ellos configuraron, en los términos constitucionales, actos de fuerza contra el régimen democrático”, concluyó.

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