PODE DAR DE BAJA LOS SERVICIOS FACILMENTE


Agencia Santa Rosa – El diputado provincial Martín Berhongaray, presentó en las últimas horas un proyecto que apunta a hacer más sencillo dar de baja a ciertos servicios, como telefonía celular e internet, iniciativa que, dijo su autor, se enmarca dentro de las nuevas exigencias constitucionales que requieren la adopción de medidas concretas para proteger los derechos de consumidores y usuarios.

El proyecto de ley concretamente de ley establece la obligación para las compañías de telefonía móvil, medicina prepaga, servicios de televisión por Cable y/o Internet que brindan prestaciones en el ámbito de la provincia de La Pampa, de entregar un certificado de baja a los consumidores o usuarios que soliciten la rescisión del servicio.

Así, todo consumidor o usuario tendrá derecho a ser atendido en forma personal para la realización de este trámite. Cuando la contratación de estos servicios haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, el vínculo contractual podrá ser rescindido -a elección del consumidor o usuario- mediante el mismo medio utilizado para contraerlo.
El certificado de baja deberá ser enviado sin cargo al domicilio que indique el consumidor o usuario dentro de las 72 horas posteriores a la fecha de recepción del pedido de rescisión. Si la solicitud de cancelación del servicio fuera realizada en forma personal, el certificado de baja deberá ser entregado en el mismo momento en que se efectúa el trámite correspondiente.
Por otro lado, se determina que las empresas comprendidas en esta legislación, deberán exhibir un cartel en todas sus oficinas de atención al público, en un lugar visible, haciendo constar en forma clara y legible, la carga de entregar el correspondiente certificado de baja del servicio.
El texto deberá indicar lo siguiente: “Señor Usuario: ante la solicitud de cancelación del servicio el titular tiene derecho a ser atendido en forma personal y a exigir la entrega del correspondiente certificado de baja”.
La autoridad de aplicación de la ley, en caso de prosperar, será el Ministerio de la Producción, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor o el organismo que en el futuro la reemplace.
El legislador radical afirmó que su iniciativa viene a afianzar el espíritu protector hacia los derechos de los consumidores y usuarios, complementando así lo normado por el proyecto 95/2013 recientemente presentado -’Ley de Trato Digno al Consumidor’-.
Agregó en ese sentido que “la tutela de los derechos del consumidor y usuario, jerarquizada constitucionalmente, debe traducirse en normas concretas que garanticen el efectivo ejercicio y goce de tales prerrogativas”.
Trabas y obstáculos
“Lo cierto -dijo el legislador-, es que las oficinas destinadas a la recepción de los reclamos de consumidores y usuarios, reciben a diario numerosas quejas producto de los inconvenientes que deben sortear quienes pretenden dar de baja a un servicio oportunamente contratado. Resulta llamativamente frecuente la imposición de trabas y obstáculos burocráticos que dificultan tal cometido que incluyen, en casos, la tarea de llamar a números telefónicos atendidos por operadores automáticos”.
“Cuando ello ocurre -agregó- claramente se incumple el postulado constitucional que garantiza al usuario ‘el principio de reciprocidad en el trato’, concepto que necesariamente debe extenderse a toda la relación de consumo”.
“De esta manera, se contempla una vía de concreción del mentado principio, al establecer que la solicitud de baja del servicio deba ser factible de realizarse por el mismo medio por el cual oportunamente se contrató. Es decir, debe asistir el derecho a quien efectuó la contratación en forma personal, telefónica, vía correo electrónico o página web, de rescindir la relación contractual por idéntica vía; y no así por el ‘único procedimiento’ puesto a disposición por la empresa prestataria, que normalmente es la vía telefónica”.
Pero no sólo deben facilitarse los medios para proceder a la rescisión del servicio, sino que además debe garantizarse la obtención de la debida constancia de la solicitud de la baja, expedida por la empresa. “Ello constituye -dijo-, una forma de salvaguardar los derechos del usuario, brindándole la posibilidad de contar con un documento probatorio que le facilitará cualquier eventual reclamo en caso que la empresa no efectivice luego la baja y/o se continúen devengando costos por el servicio”.
Finalmente, indicó que “en caso en que el consumidor opte por efectuar la baja personalmente, en el momento que abandona las oficinas de la empresa, ya podrá llevar consigo la referida constancia; mientras que en el supuestos de que la solicitud la formalice por una vía no presencial, la prestataria deberá remitir al domicilio que el consumidor indique el certificado de baja en un plazo máximo de 72 horas”.

https://gestar.tramites.lapampa.gov.ar/gestartramites/auth/login.asp?request=%2Fgestartramites%2Fhome%2Easp

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