"El proyecto es bueno, pero incompleto"

"El proyecto es bueno, pero incompleto"

No todos ven la iniciativa vernista sólo como un acoso al gobernador. Un legislador propone incluir además a quienes intervinieron en actos sediciosos y jueces que juraron por las actas del Proceso.
El diputado Martín Berhongaray (Frepam) dijo que comparte "el sentido del proyecto" pero le parece "muy incompleto, porque sólo alcanza a los que hubieran desempeñado cargos o funciones públicas jerárquicas durante la última dictadura cívico-militar, y omite incluir a otros actores que realizaron actos de violencia política o apología de esos delitos en cualquier tiempo y época", expresó el legislador.
Al hacer mención a la iniciativa de Daniel Lovera (PJ-vernista), a la que adhirieron los otros 15 diputados del justicialismo, y que se conoció como "ley antijorge" -ante la anunciada ofensiva del vernismo contra el gobernador-, Berhongaray entiende que además "hay que tener en cuenta a quienes, dentro de los Poderes Ejecutivo y Judicial, recordemos que el Parlamento estaba clausurado, juraron por las actas del Proceso Militar, considerándola la Ley Primera de la Nación".

Proyecto ampliado.
Por eso el legislador radical señaló que va a proponer "a través de un nuevo proyecto ajustar el planteo al mandato amplio que surge del artículo 36, incorporado por la reforma constitucional de 1994, que a su vez recogió los objetivos plasmados en la ley 23.077 de 'Protección del Orden Constitucional y la Vida Democrática' sancionada durante la presidencia de Raúl Alfonsín".
Advierte Berhongaray que el artículo 36 de la Constitución Nacional exige sancionar con la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos a "todos" los autores de actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático; y extiende la misma sanción a "quienes, como consecuencia de esos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias".

¿Y los carapintadas?
En diálogo con LA ARENA el diputado radical dice que "no existen motivos válidos para eximir de la inhabilitación a quienes participaron en los restantes golpes de estado, incluyendo claro está, a los alzamientos carapintada de Semana Santa del 87 protagonizado por Aldo Rico, Monte Caseros, La Tablada, y el golpe liderado por Seineldín en 1990. Tampoco deben ser excluidos de la inhabilitación quienes ocuparon lugares de relevancia en cualquier gobierno militar desde 1930, ni mucho menos quienes aplauden y hacen apología de esos hechos y de toda clase de violencia política".

Traidores a la patria.
Pidió no dejar "hipótesis de violencia política sin previsiones. No debe perderse de vista que la sanción constitucional se configura, sean o no exitosos los actos de usurpación, y así fueran cometidos por ciudadanos civiles o militares, autoridades nacionales o locales. Existió violencia política que se consumó con el quebrantamiento del orden constitucional y la toma del poder, y otra que no logró tal cometido, pero no por ello perdió el carácter de atentados contra el sistema institucional", rememoró.
Apunta Berhongaray que "en este punto el texto aprobado en 1994 es sumamente claro: los actos de los usurpadores son insanablemente nulos, 'todos' los golpistas y colaboracionistas deben ser considerados traidores a la patria e inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos. No pueden beneficiase con el indulto y la conmutación de penas, responden civil y penalmente por sus actos, siendo imprescriptibles las acciones tendientes a concretar su responsabilidad", concluyó.

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