Berhongaray quiere una ley que obligue a iniciar el juicio

Mientras la gran mayoría de diputados y otros estudiosos pampeanos quieren que se haga un nuevo juicio a Mendoza, el gobernador Jorge extrema la cautela y pide seguir apelando al diálogo con Mendoza.
El diputado Martín Berhongaray (Frepam) presentará la semana próxima un proyecto de ley para modificar la ley 888 (Norma Jurídica de Facto), y posibilitar que la Legislatura provincial tenga facultad de obligar al Fiscal de Estado a iniciar un juicio. El legislador lo hace en el marco de una decisión de la mayoría de los diputados de avanzar en un juicio ambiental a la provincia de Mendoza por el río Atuel, a lo que el Gobierno provincial se opone todavía. En diálogo con LA ARENA el diputado radical dijo que trabaja para modificar esa situación.
-¿Qué pasó con el pedido de la Cámara de Diputados para que la provincia inicie un juicio por el corte del Atuel?
-Pasó lo que muchos suponíamos. El pedido fue nuevamente desoído por el Poder Ejecutivo que es quien tiene la potestad de ordenarle al Fiscal de Estado que promueva la demanda. El Fiscal de Estado es el funcionario que tiene la representación de la provincia de La Pampa en todos los juicios donde se discuten sus intereses patrimoniales.
-¿Y se puede modificar eso?
-Estoy trabajando en un proyecto para modificar la Norma Jurídica de Facto nº 888 que es la "Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado", y así incluir a la Legislatura dentro de los sujetos que pueden obligar al Fiscal de Estado a iniciar un juicio. De aprobarse este proyecto ya no habrá más trabas ni más excusas para que se promueva la demanda que reclame por los perjuicios sociales, económicos, productivos y ambientales provocados por más de medio siglo de saqueo de nuestros recursos hídricos.
-¿Qué motiva al gobierno provincial a no iniciar una nueva demanda?
-Es muy evidente que hoy la demanda no se promueve porque el gobernador Jorge privilegia no confrontar y así no enturbiar las relaciones ni con Mendoza ni con el Gobierno Nacional. Entonces se vuelve a dar una situación donde el Poder Ejecutivo no quiere el juicio, pero el Poder Legislativo ya ha manifestado en dos oportunidades que sí. 
-Pero esos pedidos de la Cámara de Diputados no obligan a que se inicie el juicio.
-Porque está vigente esa ley que impide que la Cámara de Diputados le dé instrucciones directamente al Fiscal de Estado para que accione en representación de la provincia. Por eso estoy trabajando en un proyecto para modificar aquella Norma Jurídica de Facto nº 888.
-¿Es lógico que la Cámara pueda ordenar algo al Fiscal de Estado?
-Más allá del tema del Atuel, me parece absolutamente razonable que la Cámara de Diputados pueda, a través de una resolución, impartirle instrucciones al Fiscal de Estado para que inicie las acciones legales. Hay que fijarse que a nivel nacional no sólo el Poder Ejecutivo puede impartir instrucciones para iniciar un juicio o contestar demandas, sino también el jefe de gabinete, los ministerios, secretarías y algunas otras reparticiones.
-Hay un criterio muchísimo más amplio del que existe en La Pampa.
-Sí, por supuesto. La contrapartida esperable sería que el Fiscal de Estado brinde, en forma periódica, información sobre el estado de los juicios iniciados a pedido de la Cámara de Diputados.
-¿Suponiendo que su proyecto resulte aprobado, qué puede ocurrir si la Cámara de Diputados instruye al Fiscal de Estado que inicie el juicio y el Poder Ejecutivo le da la orden contraria?
-También estoy trabajando en un mecanismo parecido a lo que ocurre cuando el Poder Ejecutivo rechaza, a través del veto, una ley aprobada por la Cámara de Diputados. La idea sería que cuando la instrucción al Fiscal de Estado se la de la Cámara de Diputados con una mayoría especial de dos terceras partes de sus miembros. En ese caso el mandato legislativo debería acatarse sí o sí. Es decir, cuando se alcancen esas mayorías la decisión de la Cámara prevalecería sobre cualquier opinión en contrario del Poder Ejecutivo.

Otra embestida de senadora mendocina.
La senadora nacional Laura Montero calificó de "lesivo para los intereses de Mendoza" el convenio firmado entre esta provincia y La Pampa por las aguas del río Atuel al tiempo que aseguró que de esa forma se "vulnera los derechos adquiridos por los regantes".
Luego de que la Fiscalía de Estado de Mendoza emitiera una resolución cuestionando el acuerdo firmado en 2008 por los gobiernos de Mendoza y La Pampa, en la que si bien rechaza el pedido de nulidad presentado por la senadora dijo que la Legislatura debería 
rever algunos artículos, Montero firmó que "este fue un convenio realmente lesivo para los intereses de Mendoza".
"No se toman en cuenta los antecedentes históricos, tampoco el fallo de la justicia y mucho menos, los tiempos hidrológicos que los hay buenos o malos. Y se quiere entregar agua sobre promesas de obras que mejorarán la eficiencia, cuando Mendoza fue perjudicada sistemáticamente en el reparto de fondos", indicó la senadora radical.
Montero, que ayer emitió un comunicado de prensa, aseveró que "claramente vulnera los 
derechos adquiridos por los regantes". Y agregó que "este convenio es inconstitucional y claramente perjudicial para la provincia y en especial, al sur mendocino". 
La Fiscalía de Estado advirtió que "en caso de que el Convenio sea ratificado por la Legislatura de la Provincia de Mendoza se debería modificar la jurisdicción territorial de Mendoza según el 
artículo 3 de la Constitución Provincial, con una ley aprobada por las dos terceras partes de los miembros que conforman cada Cámara".

Rechazo.
Vale recordar que el jueves se conoció que la Fiscalía de Estado mendocina rechazó la posibilidad de avanzar en una presentación judicial para plantear la nulidad del convenio del año 2008 firmado entre La Pampa y Mendoza que establece la distribución del agua del río Atuel, un punto de conflicto que continúa vigente entre ambas jurisdicciones y que ahora cuenta con la intervención de la Nación.
La solicitud había sido planteada justamente por Montero, crítica del acuerdo firmado por el ex gobernador Celso Jaque y Oscar Jorge sobre el cauce interprovincial, quien alegó que se trata de un convenio inconstitucional ya que crea entes que afectan los derechos reservados por la Constitución cuyana al Estado y al Departamento General de Irrigación. 

"Concordantes".
El fiscal Joaquín de Rosas coincidió con las pruebas presentadas por la senadora porque son "concordantes con criterios mantenidos por la Fiscalía de Estado respecto al fondo del tema en cuestión" , aunque prefirió rechazar la solicitud ya que el convenio "no produce efectos legales a la fecha", teniendo en cuenta también la legislación vigente que enmarca el cuestionamiento.
"Es criterio de Fiscalía de Estado que el convenio firmado no produce efectos legales a la fecha, razón por la cual se desestima, en ésta etapa, el pedido de nulidad pretendido toda vez que no resulta procedente este tipo de procedimiento sobre instrumentos que no causan efectos jurídicos; ello sin perjuicio de que se continúe avanzando sobre la problemática planteada", aseguró en la resolución que se publicó en este medio el pasado viernes.
La falta de efectos legales tiene que ver con que el acuerdo todavía no fue ratificado por la Legislatura mendocina.

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