El único proyecto lo presentó Berhongaray

Jurados: hay un proyecto en Diputados desde hace un año
El único proyecto de juicio por jurados que existe en la Legislatura fue presentado hace un año por el diputado radical Martín Berhongaray y permanece en la comisión de Asuntos Constitucionales. La iniciativa prevé una implementación progresiva del nuevo sistema y, en una etapa inicial, apunta a las causas penales donde están involucrados funcionarios o ex funcionarios públicos.
El juicio por jurados está establecido en el artículo 24 de la Constitución Nacional, aunque no figura en la Constitución provincial. Berhongaray promovió el proyecto el 26 de julio del año pasado, pero no tuvo apoyo del justicialismo para llevarlo al recinto de sesiones.
En los fundamentos, el legislador sostuvo que "implementar este instituto supondrá un seguro intento por superar la disvaliosa percepción que tiene la ciudadanía respecto de la eficacia y sentido ético de las resoluciones judiciales, fundamentalmente en investigaciones donde los imputados son o fueron funcionarios públicos".
Agregó que "la participación activa de ciudadanos comunes en la administración de justicia, a través de la conformación de jurados populares, ayudará a suplir la amenidad y lejanía que gran parte de la sociedad percibe respecto de los jueces y de las leyes. Además los situará ante graves dilemas a los que están expuestos los jueces a diario, cuando deben decidir entre bienes jurídicos plausibles y tutelados por las normas, pero excluyentes entre sí, que requieren decisiones complejas, muchas veces resueltas por factores valorativos, culturales, morales y de percepción político-social diversa".
Específicamente, Berhongaray planteó en la propuesta que, en un primer momento, el jurado popular abarque los siguientes delitos, siempre y cuando estuvieron imputados funcionarios y ex funcionarios: fraude en perjuicio de una administración pública; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito; prevaricato; denegación y retardo de justicia; encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo; evasión y quebrantamiento de pena; falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito; falsificación de documentos; fraudes al comercio y a la industria.

Beneficios y requisitos.
El diputado opositor señaló, entre los beneficios del sistema, que "constituye un mecanismo claramente representativo y popular", que "la designación variada de ciudadanos de todo tipo de extracción social, ideología política, orientación religiosa, lugar de procedencia o pertenencia de género, constituye una interesante herramienta democratizadora del Poder Judicial", que "las decisiones que se adoptan proceden del pueblo, de sus pares, de sus iguales y semejantes, acercando así a la sociedad con la justicia"; que "por no ser técnicos, los jurados aprecian las circunstancias de hecho y de derecho de acuerdo con los valores morales de la sociedad"; y que "la participación ciudadana acorta la distancia de los jueces con los hechos, permitiendo confrontar excesos tecnicistas, rigorismos formales, eufemismos encubiertos en el lenguaje críptico y hermético de las normas, los procedimientos y las sentencias".
En su proyecto propuso que para ser miembro del jurado se requiere ser argentino, tener 18 años; contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos; haber completado la secundaria y estar domiciliado en la provincia. Quedan excluidos, además de un listado específico de autoridades de los tres poderes del Estado, quienes no tengan aptitud física y psíquica suficiente; los fallidos no rehabilitados; los imputados en causa penal, contra quienes se haya dictado un procesamiento o resolución de mérito equivalente; los condenados a una pena privativa de libertad, hasta después de cinco años de agotada la pena; y los condenados a pena de inhabilitación absoluta o especial para ejercer cargos públicos, mientras no sean rehabilitados.
Además, la iniciativa establece que los jurados deberían ser retribuidos -aunque no detalla cómo- y también prevé un resarcimiento para los gastos de transporte y manutención diaria.

Hay que anotarse
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de La Pampa informó que los interesados en participar del simulacro de juicio por jurados que se realizará el viernes 28, en un sitio a determinar, deberán anotarse en la dirección de correo electrónico colmagfuncpampa@cpenet.com.ar o llamando al teléfono 416600. También pueden inscribirse a través de un link en la página del Poder Judicial de La Pampa (juslapampa.gov.ar).
El presidente de la entidad, Miguel Vagge, detalló que el jurado estará conformado por doce personas y que el debate imaginario será sobre un homicidio. Además destacó que han recibido respaldo para llevar adelante la experiencia de la vicegobernadora Norma Durango, del Superior Tribunal de Justicia y de la Procuración.
Previamente, el viernes a las 17, en el auditorio del Centro Judicial, expondrán sobre el juicio por jurados el abogado penalista y presidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Héctor Granillo Fernández, y el juez de Cámara cordobés y titular de la Federación Argentina de Magistrados, Víctor María Vélez.
La provincia mediterránea es la única del país donde se ha implementado el nuevo mecanismo de juzgamiento. Allí ser jurado es una carga pública y ellos son sorteados de acuerdo al padrón electoral del lugar donde se produjo el hecho.

Comentarios