Sorprendido por las declaraciones del Colegio de Magistrados



El diputado del FrePam no compartió los conceptos del documento difundido en la semana. Dijo que “es lógico que ante hechos que tengan repercusión pública la discusión se discuta en los medios. ¿Dónde, sino?”.

El diputado provincial Martín Berhongaray reivindicó los inicios de investigaciones a funcionarios judiciales, luego de que el Colegio de Magistrados reprochara el inicio de juicios políticos “sin fundamentos técnico-jurídicos”. El legislador admitió que el documento lo “sorprendió” y explicó que públicamente no se perciben autocríticas de ese sector.
“Me sorprendió. Creo que hubiera sido conveniente que puntualicen en qué juicios las denuncias han carecido de fundamentos. Lo que me corresponde no es tanto hacer un análisis de la declaración pública de un magistrado o del Colegio, sino intervenir llegado el caso y determinar si los denunciados han incurrido en responsabilidades o no”, aclaró Berhongaray en diálogo con El Diario.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales salió el jueves a expresar una defensa corporativa “ante los hechos que han ocurrido y que ponen en cuestión la credibilidad del Poder Judicial”. La comisión directiva expresó “la preocupación existente entre los integrantes de este poder del Estado”.
-¿Qué opinión le merece el documento del Colegio de Magistrados respecto de que los juicios políticos se hacen sin fundamentos técnicos ni jurídicos? -le preguntó ayer El Diario a Berhongaray.
-Las manifestaciones están hechas en términos genéricos, no veo que puntualicen en algún juicio en particular. Pero sí puedo decir que vengo formando parte de los distintos jurys desde 2008 a la fecha y en muchos de ellos encontré denuncias promovidas con fundamentos suficientes, a punto tal de que se recuerda que en 2009 se resolvió por unanimidad destituir a la cúpula del Tribunal de Cuentas por sus responsabilidades en la causa del IPAV. En otros jurys he votado en minoría por la destitución de funcionarios y lo he hecho en el convencimiento de que las denuncias contaban con fundamentos suficientes o que las actuaciones de los denunciados ameritaban la remoción del cargo.

-¿Hay una interpretación de por qué razón el Colegio fija este posicionamiento en este momento?
-No tengo la menor idea. La verdad que tendría que entrar a conjeturar... Lo objetivo es lo otro.

-El Colegio dice también que está en un proceso de autocrítica permanente: ¿ustedes también lo ven así?
-No sé, será una autocrítica puertas adentro. Creo que públicamente ni yo ni nadie ha escuchado una autocrítica. A lo mejor la hacen puertas adentro, no formo parte del Poder Judicial...

-¿Qué opina de que hagan un llamado a discutir sobre el Poder Judicial y al mismo tiempo reprochen la discusión mediática?
-Es muy extraña esa apreciación. Honestamente no se alcanza a entender en cuál de los dos sentidos va dirigida. Pero es lógico que ante hechos que tengan repercusión pública la discusión se discuta en los medios. ¿Dónde, sino?

“Mesura y prudencia”
El Colegio de Magistrados aseguró: “Nos encontramos en una situación de autocrítica permanente, ya que las decisiones que día a día pone la comunidad en nuestras manos son de altísima responsabilidad, por ello intentamos hacer nuestro trabajo con responsabilidad y respetando al ciudadano”.
Planteó además su “preocupación que ante una decisión judicial que desagrada, se acuda a los medios de comunicación como vehículo para la difusión de tal situación, que sólo logra crear confusión, desconfianza y muchas veces desazón en la comunidad”.
“Es cierto que el derecho a expresarse libremente es un principio y un valor superior que defendemos en plenitud, aunque el descontento por una decisión judicial tiene que ser canalizado también por los medios que la misma ley prevé y no acudiendo a la vía de las descalificaciones personales e imputaciones apresuradas”, aseveró el Colegio.
Además advirtió: “La ley y la Constitución Provincial contemplan el proceso de enjuiciamiento y remoción de un magistrado o funcionario judicial, garantía constitucional que implica ser ejercida con mesura y prudencia, toda vez que en los últimos tiempos se ha recurrido a este mecanismo sin fundamentos técnico-jurídicos, lo que genera en la comunidad un manto de sospecha en el servicio de Justicia e inquietud de ánimo en quienes integramos el Poder Judicial”, se queja la entidad.
“No es posible pensar en la efectiva protección de los derechos humanos, si no se sustenta una Justicia independiente, imparcial, capacitada y dotada de todas las herramientas necesarias para cumplir acabadamente con su cometido esencial, esto es garantizar el estado de derecho y el principio de legalidad para preservar la paz social con justicia”, remarcó.

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