Proyecto de Berhongaray cajoneado hace 5 años


Acceso a la información: cinco años cajoneado. (LA ARENA)

Un proyecto del diputado provincial del radicalismo, Martín Berhongaray, sobre acceso a la información pública, permanece "cajoneado" en la Legislatura desde hace casi cinco años. El texto apunta a que cualquier ciudadano pueda "requerir, consultar y recibir información" provenientes de los poderes Judicial y Legislativo y de todos "los organismos, entidades, empresas o sociedades con participación estatal, dependencias y todo otro ente, centralizado o descentralizado, que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo".

Esas mismas disposiciones, de acuerdo al proyecto de ley, alcanzan al Banco de La Pampa -en todo lo que no afecte al secreto bancario- y "a las personas jurídicas y organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público provincial, así como a las empresas privadas a quienes se les hayan otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público".

La norma fue presentada el 11 de marzo de 2008 y luego que el justicialismo rechazara su análisis, fue archivada. Hoy el tema resurge a partir del compromiso de los diputados vernistas -verbalizado durante la última sesión del año pasado, cuando se aprobó el presupuesto 2013- de darle una mayor transparencia a la información pública.

La iniciativa de Berhongaray tiene como finalidad "permitir y promover una efectiva participación ciudadana, a través de la provisión de información completa, adecuada, oportuna y veraz". Considera información a "toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida" por los poderes y/u organismos mencionados, o que "obre en su poder o bajo su control, o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público, o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa, incluyendo las actas de las reuniones oficiales".
Prevé que el acceso sea gratuito para todo persona física o jurídica, pública o privado, y que para requerir la información no sea necesario "acreditar derecho subjetivo, interés legítimo, ni contar" con un abogado. Además dice que debe asegurarse "un acceso amplio y fácil".

Derechos y obligaciones.
Berhongaray propuso que la solicitud de información debe sea realizada por escrito, con la identificación del requirente, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad, y que "el sujeto requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el momento que le sea solicitada o proveerla en un plazo no mayor de 10 días hábiles". Sólo puede negarse, "por acto fundado, si se verifica que la misma no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas".

Agrega que "el funcionario público o agente responsable, que en forma arbitraria e injustificada impida u obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, la suministre en forma incompleta, permita el acceso a información eximida de los alcances de la presente ley u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de ella, será considerado incurso en falta grave a sus deberes, resultándole de aplicación el régimen disciplinario correspondiente". A su vez, los entes privados que incurran en esa misma conducta serán sancionados con multas de entre 500 y 20.000 pesos, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pudieran corresponderle.

"A esta altura nadie desconoce la preocupante situación que afronta La Pampa en materia de transparencia presupuestaria", remarcó el legislador en los fundamentos. Recordó que un informe del programa de política fiscal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento analizó el grado de transparencia presupuestaria de las provincias y la ubicó última en ese ranking.
Además acotó que La Pampa figura entre los distritos que publican"escasa cantidad y calidad de información" sobre las transferencias de recursos desde los gobiernos provinciales a los municipios. Sólo Mendoza, Córdoba, San Juan, Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro y Neuquén lo hacen "de manera detallada y actualizada".

"La ley de acceso a la información pública es de vital importancia para la sociedad civil ya que le permitirá monitorear los actos de gobierno y controlar el accionar de sus representantes, erigiéndose en la herramienta que habilita exigir la rendición de cuentas por las decisiones adoptadas", concluyó Berhongaray.

Una ley que no se cumple
La Pampa sólo reconoce el libre acceso a las fuentes informativas oficiales de carácter público a los periodistas, según una ley que está vigente desde 1995, pero que no se cumple. De hecho, un cronista de este diario, apelando a ella, hace más de dos meses que está tratando de acceder a un expediente judicial donde el Estado tramita el recupero de dineros públicos que fueron sustraídos por ex funcionarios y no lo ha conseguido. También han presentado proyectos similares la ONG Ciudadanía Activa y ex diputados radicales (Bonaveri, Reinoso, Consiglio, Altolaguirre, Villegas, Ferretti y Torroba).

¿Cuáles son las excepciones?
* Documentación y antecedentes relacionados con información expresamente clasificada como secreta o reservada mediante un decreto del gobernador, o por ley o, fundada en razones de seguridad o salubridad pública.
* Información preparada por asesores jurídicos o abogados de la administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación, o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía del debido proceso.
* Información referida a datos personales de carácter sensible, cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que se refiere la información solicitada, y que no se afecte la intimidad y el honor de terceras personas;
* Información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;
* Las actuaciones judiciales referentes a cuestiones de familia o menores. Las causas penales, civiles, comerciales, laborales y de minería se regirán mientras se encuentren en trámite por las respectivas normas procesales. Asimismo, y sin perjuicio del principio general de su publicidad, los jueces y tribunales podrán acordar el carácter secreto de todas las partes de las actuaciones judiciales, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, mediante resolución motivada en cada caso.

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