Hay "desidia" en el gobierno

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Hay "desidia" en el gobierno para cobrarle a los corruptos
El legislador radical recordó, además, que hace seis meses presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo informe sobre las causas contra Agüero, Araniz, David y Amoresano y aún no tuvo respuesta,
El diputado radical Martín Berhongaray afirmó que existe "desidia" en el gobierno para recuperar los fondos públicos que fueron sustraídos por ex funcionarios condenados, al recordar que en octubre del año pasado presentó un proyecto no respondido, requiriéndole al Poder Ejecutivo para que informe sobre las demandas iniciadas por la Provincia contra "los ex funcionarios condenados por casos de corrupción, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito u otros delitos vinculados con el incorrecto ejercicio del cargo".
A través de él quiso saber dos cuestiones centrales: "si se han iniciado contra los ex agentes públicos las correspondientes acciones y juicios de responsabilidad, tendientes a exigir la reparación de los perjuicios ocasionados al Estado, y en su caso, el estado procesal en que se encuentran los reclamos; y si existe una evaluación de procedencia y montos que pudieren corresponder al Estado por los daños resultantes de la actividad delictiva de los ex funcionarios".
Ahora el legislador insistió con su solicitud, al trascender las dudas que existen sobre si la Fiscalía de Estado tardó en iniciar una demanda económica contra las ex autoridades del Instituto Provincial de Vivienda, Hugo Nelson Agüero y Luis Edgardo Araniz, quienes están presos luego que quedara firme la condena a cinco años de prisión por desviar de allí casi un millón de pesos para pagar fiestas, viajes y objetos personales. Incluso los defensores de ellos y de otros coimputados habrían planteado, o lo harían próximamente, la prescripción de la acción civil.
"Son muy graves las consecuencias de la desidia gubernamental en lo que hace a la deficiente persecución de la reparación de los daños ocasionados al Estado por los delitos (de corrupción, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos etc.) cometidos por ex funcionarios -afirmó-. Hoy desconocemos los montos que le podrían corresponder al Estado por los daños resultantes de esas actividades delictivas".
En tal sentido, recordó que en los últimos años no sólo fueron condenados Agüero y Araniz, por los delitos de sustracción de caudales públicos y pago de coimas; sino también el ex director provincial de Deportes, Sergio David, y el director provincial de licitaciones de Obras Públicas, Silvio Pascual Amoresano, ambos por enriquecimiento ilícito.
"No tengo dudas de que cuando se lesionan los intereses patrimoniales de la administración pública, la responsabilidad de los agentes o ex agentes es de naturaleza contractual, esto es, prescribe a los 10 años. El deber que se genera subsiste cuando el funcionario deja la actuación pública, y aún después de que fallezca, porque puede y debe hacerse efectivo sobre el patrimonio sucesorio", acotó Berhongaray.
Con estas palabras respaldó la postura del fiscal de Estado, José Alejandro Vanini, de que estas causas prescriben a los diez años y no a los dos como sostienen los abogados de los imputados, aunque también dijo que "no me sorprendería que la persecución del cobro (por lo del IPAV) la hayan iniciado después que presenté el pedido de informe".

"No pueden prescribir".
"En los casos de Agüero, Araniz, David y Amoresano se comprobó fehacientemente que la administración pública, u otros órganos con representación estatal, resultaron perjudicados por la actuación de esos agentes; por lo tanto, a ellos les corresponde reparar los daños generados por el incorrecto ejercicio del cargo. Pero también nace el deber para la adminstración pública de perseguir eficientemente tales cobros", sostuvo el diputado opositor.
"Al Estado -enfatizó- no se le pueden prescribir este tipo de asuntos, ni con un plazo de prescripción de diez años ni con uno de dos. Eventualmente se puede hasta tolerar que se le caigan, por prescripción, temas muy menores, de naturaleza administrativa, pero nunca casos de corrupción porque la sanción contra estos ex agentes debe ser ejemplar, con todo el peso de la ley, y eso demanda la mayor atención y diligencia de los funcionarios encargados de perseguir el cobro".
En el proyecto que el Ejecutivo no contestó, Berhongaray destacó que la Constitución de Río Negro dispone que "los agentes públicos son personalmente responsables de los daños causados por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones." y que el representante legal que no cumpliere con la obligación de demandarlo "es responsable de los perjuicios causados por la omisión, además de las restantes sanciones que le pudieren corresponder".
A su vez, la Carta Magna de Neuquén también consagra la responsabilidad personal del agente en el artículo que dice: "Las autoridades y los funcionarios y empleados municipales responden personalmente, no sólo de cualquier acto definido y penado por la ley, sino también de los daños y perjuicios que provengan de la falta de cumplimiento de sus deberes...".
Finalmente, Berhongaray pidió que "no dilate más el inicio de los procesos administrativos y judiciales enderezados a exigir en forma directa la reparación de los perjuicios causados".

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