EN LA ONU



Berhongaray en la ONU en Buenos Aires
El daño social, económico y productivo que provoca que el río Atuel no traiga agua en territorio pampeano, fue informado por el diputado provincial Martín Berhongaray (Frepam) a Matías Mottet, Asociado del Programa Ambiente y Desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
Por su parte el representante de la ONU impuso a Berhongaray sobre los objetivos y temas a tratar en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable "Río + 20", a desarrollarse en Río de Janeiro en el mes de junio de 2012. Entre ellos destacó la necesidad de renovar el compromiso de "Río 92", discutir la implementación de modelos de economía verde así como el nuevo diseño de arquitectura para la cooperación internacional.
El legislador contó después que "ya confirmaron su presencia en la Cumbre los máximos mandatarios de 120 países, junto con numerosas delegaciones de todos los países miembros de Naciones Unidas".
Al explicarle a Mottet sobre el río Atuel, Berhongaray también se refirió a "la falta de interés del Estado Nacional por impulsar la reglamentación de leyes ambientales de fundamental importancia como la Ley 25688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, y la Ley 25675 de Presupuestos Mínimos de Política Ambiental, vigentes desde 2002 pero aplicadas en forma sumamente parcial".

Protocolo de Montreal.
El funcionario de Naciones Unidas se refirió a los mecanismos por los cuales se busca que los países con economías emergentes puedan financiar la transición hacia esquemas de economía verde. Detalló asimismo, los distintos aportes y beneficios que recibe el gobierno argentino del Protocolo de Montreal, y su aplicación en el financiamiento de tecnologías no contaminantes.
Finalmente, Mottet manifestó la importancia de que las distintas jurisdicciones provinciales tomen conciencia de la trascendencia e implicancias de la Conferencia "Río + 20", y destacó la necesidad de que las Legislaturas provinciales controlen el cumplimiento de las normas ambientales, y que los Poderes Judiciales sigan el camino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en términos de un mayor involucramiento en las cuestiones ambientales.
Por último, el funcionario dio cuenta a Berhongaray sobre los resultados que, hasta el momento, arroja la implementación de la Ley de Bosques Nativos, en las distintas jurisdicciones provinciales.

Propician crear Fiscalías Ambientales.
Una iniciativa presentada en la Legislatura provincial propicia crear la figura de Agentes Fiscales Ambientales, que tendrían a su cargo "la investigación, protección y litigación de todos aquellos hechos cuyo bien jurídico protegido sea el medio ambiente y contextos en razón de la materia".
Patricia Lavín (PJ), presentó un proyecto de ley sobre el particular, haciendo hincapié en que "la concientización en los temas ambientales es una característica positiva que se viene observando en los últimos años".
Señala en su proyecto que la idea es que haya "dos Agentes Fiscales Ambientales que ejercerán sus funciones ante los Juzgados en Santa Rosa y General Pico respectivamente". Agrega que "la existencia de agentes fiscales ambientales, permitirá la apertura de investigaciones para, con el auxilio de la policía, practicar diligencias, instar ante el juzgado la adopción de medidas cautelares y ejercitar las correspondientes acciones penales".

Área específica.
En los fundamentos la legisladora destaca que es necesario un área específica para la investigación de los delitos ambientales, ya que a la fecha son investigados en Fiscalías penales que lo hacen frecuentemente sin la formación profesional ambiental necesaria, lo que aumenta las posibilidades de error o de desistir de seguir investigando acerca de un tema muy específico desde lo técnico.
Dice Lavín que estas fiscalías ambientales" que propone "es un primer paso, que creemos incipiente y necesario para en un futuro, que esperemos no sea demasiado lejos, culmine con la creación de futuros tribunales ambientales". Señala también que "la creación de una Fiscalía Ambiental en nuestra provincia debería comprometer al Estado cada vez más en la protección del medio ambiente. Así se podrá ordenar el uso, explotación y el resguardo del sistema ecológico para lo cual se deben no sólo dictar las normas correspondientes, sino también crear las instituciones como estas fiscalías ambientales que estamos proponiendo que tenderán a corregir y revertir todos los desórdenes ambientales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan".
Señala la diputada que el proyecto forma parte del trabajo "El Ministerio Público y la Problemática Ambiental", presentado en la Universidad Nacional de La Pampa por el ingeniero José Carlos Pérez," en la cátedra de Derecho Agrario.

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