Berhongaray pide que la Justicia intervenga nuevamente en el caso MEDASUR

diario la reforma 15 de febrero de 2012


El diputado provincial Martín Berhongaray solicitó a la Justicia provincial que ordene a los organismos competentes del Gobierno de La Pampa que convoquen a la audiencia pública por el caso MEDASUR y se prorrogue la medida cautelar decretada el 19 de diciembre -de suspensión de los trabajos por 90 días corridos- hasta tanto se celebre la audiencia pública y la Subsecretaría de Ecología emita la Declaración de Impacto Ambiental, pronunciándose expresamente por la aprobación, modificación o rechazo de la obra.

Santa Rosa - El legislador reclamó que en los términos del artículo 7º de la Ley Provincial Nº 1352, y en función de la exigencia prevista por las leyes Provincial Nº 1914 y Nacional Nº 25.675, se ordene a los organismos competentes del Gobierno provincial la convocatoria a una audiencia pública en relación al proyecto MEDASUR, para de esa forma permitir la participación de las personas físicas y jurídicas -públicas y privadas- que puedan verse afectadas por la realización de la obra. El llamado también apunta a las organizaciones no gubernamentales interesadas en la preservación de los valores ambientales.

Junto al amparo interpuesto por los doctores Sergio Sánchez Alustiza y María Celeste Echenique, quienes demandaron al “... Estado de la Provincia de La Pampa, y/o la empresa ILKA Construcciones S.A. y/o quien resulte responsable, titular, o contratista encargado de la realización de la obra (identificada como Obra Pública construcción del complejo Medasur )... ante la concreta, efectiva, actual e inminente lesión a nuestros Derechos Civiles y Humanos Constitucionalmente Garantizados...”; Berhongaray mencionó el aporte de la Asociación Civil Alihuen, quienes se presentaron en el expediente acompañando información que daba cuenta de que “... El predio delimitado por las calles Corrientes, Avda. Belgrano, Padre Buodo y Avda. Luro se encuentra referenciado como ZONA E 3 por el Código Urbanístico de la Ciudad de Santa Rosa y designado como Zona Espacio Verde...”.

En ese sentido destacaron la existencia de la Ordenanza Nº 4161/2010 de la ciudad de Santa Rosa, la cual prohibe “expresamente dentro de las plazas, plazoletas, bulevares, jardines y parques... Cavar, extraer, colocar, trasladar tierra o materiales removibles existentes... llevar a cabo cualquier tipo de alteración, destrucción o cambio de los inmuebles existentes, tales como construcciones, bebederos, luminarias, bancos, cestos, y obras de arquitectura en general...”; motivo por el cual Alihuen planteó el carácter obligatorio que reviste para la contratista la elaboración del estudio de impacto ambiental exigido por el artículo 3º de la Ley Provincial Nº 1914.

El diputado del bloque FrePam subrayó además la Ordenanza de la ciudad de Santa Rosa Nº 4318/2011, cuyo artículo 4º inscribe a la ‘Problemática ambiental’ como uno de los asuntos (‘Temas’) que obligan a convocar una Audiencia Pública como instancia de expresión y análisis en el proceso de toma de decisiones. “...El objetivo de esta instancia es de que quienes deben tomar una decisión de política pública accedan a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en un nivel de igualdad que incremente sustancialmente los alcances de participación, información y de transparencia en la gestión pública municipal a través del contacto directo con los vecinos...”, expresa el segundo párrafo del artículo 1º.

Por todo lo expuesto, Berhongaray solicitó a la Justicia provincial que ordene al Gobierno provincial la convocatoria a la audiencia pública. “A esta altura, no caben dudas de que el procedimiento en que debe encausarse la actuación del Gobierno Provincial y de la empresa ILKA Construcciones presenta, como una de sus notas sobresalientes, la exigencia de la Declaración de Impacto Ambiental emanada de la Subsecretaría de Ecología de la provincia atendiendo a lo resuelto por el Ente de Políticas Públicas y a las conclusiones de la audiencia pública. Indudablemente la celebración de la instancia de participación ciudadana contribuirá al mejoramiento de la calidad y a la razonabilidad de las decisiones políticas que se adopten”, expresó.

Finalmente requirió que se prorrogue la medida cautelar decretada con fecha 19 de diciembre de 2011, hasta tanto se celebre la audiencia pública y los organismos competentes del Gobierno Provincial emitan la Declaración de Impacto Ambiental, pronunciándose expresamente por la aprobación, modificación o rechazo de la obra.
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