"La Ley lo exige"


Diario La Arena Edición del 20/1/2012

Berhongaray dice que la ley exige audiencia publica para Medasur


El diputado provincial Martín Berhongaray (Frepam) le pedirá a la Justicia que convoque a una audiencia pública por la construcción de Medasur en el predio que hasta ahora ocupa el parque infantil "Caídos en Malvinas". "No hay dudas de que para avanzar con la obra debe presentarse la evaluación de impacto ambiental requerida por la Ley Nº 1914 para los proyectos de obras públicas" que pueden afectar el medioambiente, advirtió.
En un comunicado distribuido ayer, el legislador radical que preside la Comisión de Ecología, anunció que se presentará en los tribunales ordinarios para solicitar que "la Justicia finalmente convoque a una audiencia pública, una exigencia insalvable de la Ley 1914" como requisito previo a una declaración de impacto ambiental.
Si la justicia no accediera, Berhongaray insistirá "ante los diputados provinciales, para que sea la propia Legislatura quien convoque" al debate ciudadano.

Una discusión abortada.
La audiencia pública por Medasur había sido convocada por el intendente Francisco Torroba (Frepam) para el 23 de diciembre, a las 19, en el Concejo Deliberante. Unos días después de sucederlo en el cargo, Luis Larrañaga (PJ) anuló la convocatoria. "No nos gustan las audiencias públicas", explicó.
Para Berhongaray "la audiencia pública es una exigencia insalvable" porque la Ley 1914 dispone su realización antes de resolver las declaraciones de impacto ambiental. En esa audiencia podrán participar "todos los miembros de la comunidad que se consideren afectados por la realización de la obra de Medasur, para analizar el efecto y las consecuencias locales que podrían derivar del proyecto" y antes de iniciarse el debate "deberá entregársele a los interesados todos los antecedentes del caso y permitirles opinar libremente", señaló.
Advirtió además que la Ley 1914 también "prohíbe ejecutar acciones que no prevean la declaración de impacto ambiental, aún a costa de la nulidad de las actuaciones iniciadas y la responsabilidad de los funcionarios que autorizaron las obras" y por eso juzgó "oportuna la decisión de la justicia de ordenar al gobierno provincial y a la empresa constructora ILKA suspender por 90 días la construcción" del centro cultural.
En ese lapso, gobierno y constructora deberán "acreditar ante la Justicia la norma legal que los autoriza a cambiar una plaza o parque recreativo por un edificio y realizar el estudio de impacto ambiental que demuestre que el medioambiente no será afectado al cambiar una plaza por ladrillos", concluyó.

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