Eliminación del Avenimiento


Berhongaray pide a legisladores nacionales la eliminación de la figura del “avenimiento”

El diputado radical Martín Berhongaray, en el marco de lo sucedido recientemente en la ciudad de General Pico con el crimen de la joven Carla Figueroa a manos de su flamante esposo Marcelo Tomaselli, quien quedó libre una semana antes del homicidio por un avenimiento de parte de ella -quien habría actuado bajo presión-, presentó un proyecto en el que le solicita a la Presidenta de la Nación y a los miembros del Congreso Nacional, que impulsen la sanción de la norma legal pertinente, a los efectos de eliminar del Código Penal Argentino la figura del “avenimiento” prevista en el artículo 132º.

Santa Rosa - El legislador fundamentó que la figura del avenimiento “suscita serias objeciones, que ameritan sobradamente su eliminación del Código Penal, toda vez que en muchos casos termina por ocultar los abusos que se producen en el ámbito privado de las relaciones de familia, cuyas principales víctimas resultan siempre las mujeres, niños y niñas”.

Así las cosas, expuso: “Su aplicación pone de relieve un manifiesto desinterés estatal en la protección de las víctimas, más propia de otras épocas, cuando el maltrato y abuso sufrido por muchas mujeres recibía como respuesta el silencio social”.

En su análisis de la figura, Berhongaray continuó: “Resulta sencillo concluir que las exigencias ponderables, en oportunidad de resolver la propuesta del ofendido por el delito, resultan incompatibles con las particulares circunstancias que rodean a la relación víctima-victimario”.

En efecto, resumió: “El contexto que caracteriza la comisión de los delitos enunciados en el artículo 132º (abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante, violación, estupro, y rapto) no supone en modo alguno condiciones de libertad e igualdad entre las partes que puedan traducirse en una manifestación consciente y voluntaria de la víctima. Muy por el contrario, los delitos contra la integridad sexual, perpetrados contra mujeres, niños y niñas, denotan una situación desigual de fuerzas, exaltando la vulnerabilidad de la víctima y evitando así que se configuren los presupuestos exigidos por el artículo 132º para el avenimiento”.

Citando a Belloti, el legislador subrayó que “no existe posibilidad de autonomía y libertad de consentimiento cuando hay relaciones de dominio de por medio”. Agregó que, normalmente, la desigual relación de poderes y autoridad “subsiste a la comisión del delito”, manifestándose en distintas situaciones de presión sobre la víctima, al lesionar “su verdadera voluntad para decidir en su beneficio”.

A todo lo manifestado sumó que distintos estudios practicados en países latinoamericanos “revelan que el desistimiento de muchas de las causas penales donde se investigan situaciones de violencia de género obedece al accionar de los agresores o sus defensas, que suelen ejercer diversas formas de presión y convencimiento, aprovechando los prejuicios sociales existentes en relación a las mujeres víctimas de delitos sexuales, y generando inducción desde el propio grupo familiar”.

En síntesis, concluyó que no resulta posible conceptuar como “libre” y “espontáneo” el consentimiento prestado mediando relaciones de dominio entre las partes. “De allí que entendemos que el avenimiento relega al bien jurídico tutelado -la integridad sexual- a una protección de segundo orden, derivando la solución del problema a una decisión privada susceptible de recibir presiones”, concluyó.

En concreto, el diputado sostuvo que la salida del avenimiento no aborda la raíz del conflicto, sino que “deliberadamente la evade, privando a la mujer del debido acceso a la Justicia”. Y agregó: “El ofendido por el delito termina guiado a un procedimiento que lejos de castigar al agresor, lo beneficia con la extinción de la acción penal”.

Por otro lado, remarcó que “la solución prevista en el artículo 132º no recaba en el perfil del imputado que, en la mayoría de los casos, responde a una determinada patología de la repetición caracterizada por su tendencia a la acción compulsiva”.

En su extenso proyecto, Berhongaray citó otras objeciones a la figura del avenimiento, entre ellas remarcó que la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres instruye al Consejo de la Mujer a “Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen violencia que respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática, no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o negociación” (artículo 9º, inciso E), prohibiendo expresamente “las audiencias de mediación o conciliación” entre las partes (artículo 28º).

En el mismo sentido: “El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, recomendó a los Estados Parte derogar aquellas disposiciones que habiliten el uso de métodos de mediación o conciliación judicial o extrajudicial en los casos de violencia contra las mujeres, considerando las desiguales condiciones de poder entre las partes que pueden derivar en la aceptación de acuerdos que la víctima no desea o que no tiendan a terminar con dicha violencia”.
nota del diario La Reforma de General Pico La Pampa

http://www.diariolareforma.com.ar/noticias_detalle.php?id=11918


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