Avanza investigación promovida por el Diputado Berhongaray

Diario Textual, 07 de noviembre de 2010, La Pampa

Dos nuevas declaraciones en la causa del Casino Club

Domingo, 07 de Noviembre de 2010 09:49 .Un ex gerente y un actual gerente del Instituto de Seguridad Social (ISS) declararon en la causa del Casino Club. Se investigan, entre otras supuestas irregularidades, si la sala del tragamonedas, situada en la calle Hilario Lagos de la capital provincial, es ilegal.

La jueza de instrucción Florencia Maza tomó declaración testimonial al ex gerente de la Dirección de Ayuda Financiera (Dafas), Mario Azcárate, y al actual gerente general del Servicio Médico, Omar Martínez Almudevar.

Ellos dos declararon en calidad de testigos. En los próximos días, se seguirán llamando a testigos.

Hay un solo imputado: Miguel Esquicia, ex presidente del ISS cuando se produjo la concesión y las posibles irregularidades. Este ya declaró, por escrito. Pero no fue indagado.

Esta causa se inició luego de una presentación del diputado Martín Berhongaray. Inicialmente, un fiscal de instrucción desistió de investigar. Pero Berhongaray insistió. Y llevó los datos al fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola. En octubre de 2009, Carola dictaminó que hubo una adjudicación irregular en la concesión a Casino Club, estableció que la habilitación del tragamonedas de la calle Hilario Lagos fue "ilegal" y denunció penalmente a Miguel Erquicia por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

El expediente estuvo rondando diversos juzgados, hasta que se definió que la investigación debía recaer en el Juzgado de Instrucción 7.

Cuando se llamó a licitación en la década del '90, Casino Club ofertó construir un complejo hotelero al lado del Hotel Calfucurá. Pero al final no lo hizo. En su lugar, construyó dos salas: la central, en la avenida Illia, y la tragamonedas, en la calle Hilario Lagos, ambas en Santa Rosa.

La denuncia de Carola se centró en que se cambió el pliego licitatorio, vulnerando "severamente el principio de igualdad" que debía regir en la ejecución de los contratos celebrados con un procedimiento previo de licitación pública.

Al analizar la concesión al Casino Club, determinó que "dos elementos" del contrato de concesión "habrían sido ilegítimamente modificados con posterioridad a la firma del mismo por funcionarios" del ISS en la década del ‘90: el pago del canon y la inversión.

El canon se fijó en el 13,331 por ciento sobre los ingresos totales mensuales, un monto que no podía ser inferior a los 120.000 pesos. Pero en 1999 se modificó el contrato; Erquicia dejó sin efecto el canon variable, lo reemplazó por uno fijo y eliminó los controles y la fiscalización.

"De haber sido conocida la modificación antes de la presentación de las ofertas, el resto de los oferentes hubieran podido modificar la suya y/o aun se hubieran podido presentar otros oferentes que no lo hicieron en las condiciones originales", expresó Carola.

A esto se suma una "inviabilidad" originaria del proyecto de inversión de Casino Club que, según el fiscal, "era causal suficiente para el rechazo de la oferta" y un "obstáculo insalvable" para adjudicar la concesión. La empresa de Cristóbal López pretendía establecerse al lado del Hotel Calfucurá, pero no controló la viabilidad objetiva de la inversión propuesta y la dejó en manos de la Comisión de Control. Según Carola, los funcionarios no podían desconocer que la ubicación de la inversión, en el Hotel Calfucurá, era inviable y que eso lo sabían antes de la adjudicación. Según expresó el titular de la FIA, estaba claro que el proyecto presentado era inviable desde el momento mismo que se incorporó a la oferta.

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